Marco ideológico:

• Equidad de género e igualdad de oportunidades: Uno de nuestros principales objetivos como partidos es alcanzar de manera plena la igualdad de condiciones para todos los mexiquenses, independientemente de su edad, etnia, religión y capacidades físicas. Sin duda alguna, para lograr nuestro objetivo es urgente propiciar las condiciones para que exista igualdad entre los hombres y las mujeres de nuestra entidad; por lo tanto, nos posicionamos a favor del estricto cumplimiento de las leyes que garantizan la participación, la libertad de decisión y de acción de las mujeres de nuestra entidad, buscando establecer un entorno que favorezca el pleno desarrollo de sus capacidades y de su vida laboral y familiar.
  
  Debemos continuar remplazando las prácticas de exclusión de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana por las prácticas de una sociedad donde la equidad de género sea un hecho, y donde haya total respeto a las mujeres, ayudando a su inclusión en los aspectos laboral, educativo y político, en la misma medida en que se permite la participación de los hombres en dichos ámbitos.
  
  En el aspecto laboral, nos posicionamos en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Lo anterior será posible por medio del establecimiento de una legislación que colabore en la adecuada incorporación de las mujeres en los distintos sectores de la industria, el campo, las empresas, los servicios, etcétera. Requerimos una legislación no sexista que apoye la formación y capacitación de profesionales en los distintos ramos de la economía y que ayude a que existan las mismas oportunidades de incorporación al campo laboral de los hombres y las mujeres de nuestra entidad (PRI). Crear condiciones favorables para la equidad implica ofrecer.
  
  Crear condiciones favorables para la equidad implica ofrecer condiciones que permitan el desempeño laboral de las mujeres que son madres, proporcionar periodos de maternidad de acuerdo a la ley y programas que ayuden con el cuidado de sus hijos en edades tempranas. Del mismo modo, es necesario que tanto hombres como mujeres perciban un salario bien remunerado como producto de su trabajo, así como asegurar las condiciones para que los miembros de ambos sexos posean empleo digno y permanente (PRI).
  
  En el sector educativo, también es preciso seguir trabajando en la igualdad de oportunidades de acceso de las mujeres a los espacios educativos, así como procurar la disminución de la deserción de las mujeres por causas familiares o económicas (PRI).
  
  Otro de nuestros objetivos es asegurar el acceso a la salud de las mujeres, principalmente en etapas cruciales como la maternidad y en temas como la salud reproductiva, donde se asegure que tanto ellas como sus descendientes tengan acceso al sistema de salud.
  
  Reconocemos que existe una verdadera participación política de las mujeres y seguiremos vigilando su libre expresión en los espacios de toma de decisiones, favoreciendo su inclusión dentro de los cargos públicos y productivos, por mencionar los más sonados. Se trata de colaborar en la construcción de la paridad de género con igual representación de hombres y mujeres. Debemos asegurar que el género y la preferencia sexual no sean impedimentos para el estricto cumplimiento de los preceptos constitucionales y que tampoco se vuelvan una limitante para el desarrollo personal y el ejercicio de las libertades de cada uno de nuestros mexiquenses, pero sobre todo, debemos erradicar la violencia originada por motivos relacionados al género, ayudando así a la consolidación de un Estado que más allá de ser promotor del desarrollo, vigile el respeto a los derechos de las personas y les permita la convivencia en un ambiente de plena igualdad e inclusión.

Seguridad:

• Promover la formación de una fuerza policial especialista en materia de derechos humanos y violencia de género.

Empleo:

• Promover empleos decentes para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad.
• Implementar políticas públicas que prevean y aseguren la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, en la ejecución de un trabajo de igual valor.

Desarrollo e inclusión social:

• Emprender medidas que incrementen la proporción de la población económicamente activa entre jóvenes, mujeres, indígenas, personas con discapacidades menores y adultos de la tercera edad.
• Promover políticas sociales de discriminación positiva que permitan el empoderamiento de las mujeres, principalmente de las madres cabeza de familia, y con ello se fortalezcan las redes familiares.

Equidad de género e igualdad de oportunidades:

• Seguir promoviendo la inclusión de la mujer en la Administración Pública Estatal y Municipal, mediante una legislación que asegure un porcentaje de cargos bajo la responsabilidad del género femenino.
• Fomentar la participación política de las mujeres.
• Seguir impulsando las campañas encaminadas a evitar la violencia hacia la mujer en escuelas y centros de trabajo.
• Procurar la construcción de más albergues en la entidad que protejan a las víctimas de violencia intrafamiliar.
• Intensificar las campañas en contra del acoso laboral.
• Mantener y aumentar las estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras.
• Realizar evaluaciones periódicas a estancias infantiles para reforzar la seguridad de la población infantil y monitorear la calidad de la atención.
• Diseñar e instrumentar programas de seguridad en el transporte público que procuren la convivencia entre los sexos.
• Promover la transversalidad de género en las políticas públicas estatales para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
• Fomentar evaluaciones de políticas públicas desde la perspectiva de género y con vinculación al presupuesto de las dependencias estatales.
• Impulsar un observatorio de políticas públicas para vigilar el cumplimiento de la transversalidad de género.
• Impulsar que parte del presupuesto estatal sea etiquetado para la distribución presupuestaria en el tema de género.
• Garantizar el acceso a los servicios de salud a las “jefas de familia” y sus hijos.
• Ampliar la inversión en programas de prevención de cáncer cervicouterino.
• Impartir talleres en espacios laborales y educativos, sobre “la importancia de la igualdad de género”.
• Fomentar la cultura de igualdad de género mediante foros regionales.
• Promover horarios preferenciales a madres y padres de familia para que ambos formen parte de la responsabilidad familiar.
• Procurar aumentar y mejorar los permisos de paternidad en los centros laborales.
• Mantener y aumentar la difusión del programa de planificación familiar tanto para hombres como mujeres.
• Apoyar a “jefas de familia” con mecanismos de opciones productivas.
• Sancionar el hostigamiento y acoso sexual, así como la discriminación motivada por el embarazo.
• Garantizar la atención pronta y efectiva para mujeres embarazadas.
• Impulsar la participación de mujeres jóvenes en las carreras no tradicionales de educación superior.
• Fomentar la participación política de las mujeres al establecer criterios de verticalidad y horizontalidad en la integración de todos los órganos de gobierno de la entidad, administración pública estatal, ayuntamientos, delegaciones municipales, COPACI, entre otros.
• Poner fin al matrimonio infantil.
• Prevenir y sancionar la violencia contra la niñez y adolescentes que tiene entre otras consecuencias el embarazo a temprana edad.
• Erradicar las normas y leyes que discriminan a las mujeres y niñas, así como los obstáculos que les impiden el acceso a la justicia.
• Garantizar a las jefas de familia acceso preferencial a puestos administrativos y medidas de asistencia y seguridad social.
• Cero tolerancia a la violencia familiar y sexual contra mujeres y niñas, así como garantizar que en los órganos de justicia y administrativos reciban un trato adecuado y eficiente cuando sus derechos sean vulnerados.
• Prevenir, investigar y sancionar la trata de personas, especialmente la explotación sexual contra niñas.
• Favorecer el empoderamiento económico de las mujeres, a través de acciones afirmativas dentro de la administración pública e iniciativa privada.
• Prevenir y sancionar la discriminación laboral a mujeres y niñas, castigar el hostigamiento y acoso sexual, así como la discriminación motivada por su estado de gravidez.
• Impulsar la autogeneración de empleo para mujeres jefas de familia y garantizar estancias infantiles y becas escolares para sus hijos e hijas.
• Incrementar las escuelas de tiempo completo y otorgar becas escolares a mujeres para su inclusión en carreras no tradicionales de educación superior.
• Garantizar el pago ágil y oportuno de las pensiones y jubilaciones así como el otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley, además de promover la creación de programas de trabajo digno para las adultas mayores.
• Impulsar la creación y sustentabilidad de centros municipales para adultas mayores en los que se promociones talleres de terapia ocupacional, actividad física y capacitación en las nuevas tecnologías, beneficiando la reinserción social.
• Facilitar el otorgamiento de prótesis dentales, lentes, aparatos auditivos y servicios médicos de geriatría y gerontología.
• Prevenir, investigar y sancionar la violencia física, psicológica, patrimonial y el abandono familiar contra las adultas mayores.
• Crear un programa de subsidios para realizar adecuaciones de accesibilidad en las viviendas de las adultas mayores y/o con necesidades especiales (rampas, barandales, sanitarios), así como para ampliación de vivienda cuando se acoge a una adulta mayor.
• Implementar y difundir políticas públicas para el trato preferencial en instituciones públicas y programas preventivos de salud física y mental que promuevan la cultura del autocuidado, autonomía, y el envejecimiento activo y saludable.
• Garantizar la educación de calidad a las niñas indígenas para acortar la brecha de desigualdad con las zonas urbanas, así como dignificar las instalaciones de las escuelas y albergues públicos.
• Prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, así como prohibir la unión y matrimonio de niñas a temprana edad basada en usos y costumbres que violan los derechos humanos.
• Garantizar el derecho a la salud, especialmente la salud sexual y reproductiva con programas que acerquen los servicios de salud a sus comunidades y la atención pronta y efectiva para mujeres indígenas embarazadas.
• Fomentar programas para el empoderamiento económico de las mujeres indígenas, incluyendo acciones afirmativas que les permitan el acceso a la propiedad y a fuentes renovables de energía.
• Promover la participación política de las mujeres indígenas en todos los espacios de toma de decisiones.
• Garantizar la educación a las niñas migrantes que viajan con su familia, a través de programas especiales que les permitan su incorporación de manera sencilla y ágil a las escuelas públicas, así como facilitar su regulación y puedan, con ello, concluir su educación básica evitando el rezago educativo.
• Promover programas sociales a favor de las niñas migrantes para garantizar su derecho a la alimentación y asegurarles un sano desarrollo.
• Establecer mecanismos de supervisión sobre las condiciones de trabajo, seguridad y vida que tiene las mujeres y niñas migrantes en México, especialmente para prevenir los delitos en materia de trata de personas como son la explotación sexual, trabajo forzado o explotación laboral.
• Erradicar la discriminación económica hacia las mujeres migrantes que trabajan sin remuneración y garantizar igual salario por trabajo, de igual valor, entre mujeres y hombres migrantes.
• Implementar campañas de salud temporales en las regiones o zonas de mayor concentración de mujeres y niñas migrantes con enfoque de género, considerando la salud sexual y reproductiva.
• Gestionar recursos públicos orientados a acciones para el fortalecimiento de la igualdad de género y participación social, económica y política de las mujeres.
• Promover una política de tolerancia cero a cualquier acto de violencia, marginación e intolerancia en contra de las mujeres.
• Combatir prácticas de discriminación dentro de las dependencias e instancias de gobierno del estado.